En estos momentos España se encuentra en una situación de incertidumbre política y económica motivada por las actuaciones separatistas que se están produciendo en Cataluña.
Dejando aparte la opinión de aquellos españoles que piensan que una Cataluña independiente estaría peor económicamente, el propio proceso plebiscitario está generando una inestabilidad que está perjudicando considerablemente las expectativas económicas y de inversión en la comunidad autónoma. Además, el momento no puede ser más inoportuno ya que el entorno económico europeo no parece muy favorable y, como ya avanzó Mario Draghi la semana pasada, Europa se enfrenta a una posible situación de estancamiento.
Según el informe de Convivencia Cívica Catalana, la inversión extranjera que llegó a Cataluña durante el segundo trimestre de este año fue un tercio (34%) de la que recibió en el mismo periodo del año anterior. Un reflejo claro de las intenciones de los inversores internacionales ante un posible resultado independentista.
Además, dos grandes entidades financieras catalanas, CaixaBank y Banco Sabadell, podrían necesitar planes para trasladar su sede fuera de Cataluña. Si Cataluña se independiza se quedará fuera de la zona del euro y, por tanto, sus bancos no recibirían créditos del Banco Central Europeo (BCE) que además de ser baratos (tienen un tipo de interés del 0,05%), son el último recurso con el que cuentan las entidades de crédito para resolver situaciones de falta de liquidez.
En el caso de que la separación fuera real, los efectos sobre la economía catalana podrían ser considerables. Cataluña se contraería y el colapso económico podría ser considerable fundamentalmente porque una parte de las empresas radicadas allí se irían. La actividad empresarial no se mueve por sentimentalismos nacionalistas sino por motivos económicos y sociales y desde el momento en que se hiciera efectiva la independencia las empresas catalanas tendrían que luchar para hacerse un hueco en los mercados internacionales.
En definitiva, las empresas catalanas verían como aumentan sus costes de importación de las materias primas y bienes intermedios que no se produzcan en Cataluña a la vez que disminuyen sus ingresos por exportaciones
Todo esto conllevaría a un un grave déficit público catalán que no podría recurrir a la emisión de deuda para su financiación, ya que la previsible desconfianza de los inversores en su devolución impediría a Cataluña acceder a los mercados internacionales. Es difícil pensar que un país de reciente creación, pequeño comparado con los gigantes europeos y sin apoyo internacional, sea merecedor de la confianza de los compradores de bonos que, en definitiva, puede destinar sus recursos a cualquier otro territorio con mejores expectativas.
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